Hacienda encarga estudio para ver impacto de negociación colectiva en sector público

Uno de los principales puntos de acuerdo entre el gobierno y el sector público en la penúltima negociación salarial en 2014, fue explorar un proyecto de ley que regule la negociación colectiva de los trabajadores del Estado, un anhelo por mucho tiempo demandado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Mesa del Sector Público. En aquel momento, los ministros Alberto Arenas (Hacienda) y Javiera Blanco (Trabajo) lideraban las conversaciones.

A año y medio de ello, el proyecto entró en un compás de espera luego de que los titulares de Hacienda y Trabajo fueran reemplazados por Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente, en el cambio de gabinete de mayo de 2015. Ambos -a la fecha- han centrado parte importante de sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral, texto que se ha entrampado tras el fallo desfavorable del Tribunal Constitucional (TC).

Esto ha dado espacio al Ejecutivo para reactivar las gestiones con el sector público con miras a cumplir el protocolo firmado en 2014. Y una de las últimas movidas vino del lado de Teatinos 120.

Es así como la Dirección de Presupuestos (Dipres) encargó en las últimas semanas un informe al abogado y ex candidato a la Contraloría General de la República, Enrique Rajevic, sobre el impacto de institucionalizar la negociación colectiva en el sector público.

Fuentes al tanto de las tratativas señalan que el documento estará listo “en los próximos meses” y busca no sólo analizar el impacto de una negociación colectiva reglada, sino también dar un marco de referencia de la experiencia comparada a nivel internacional.

¿Esto significa el inminente envío del proyecto de ley? No necesariamente. Fuentes que conocen las negociaciones señalan que “no hay un plazo definido” para presentar el texto, que “no está en la agenda de corto plazo” tanto de Hacienda como de Trabajo. Muestra de aquello es que no se hizo referencia al tema en las cuentas públicas de Valdés y de Rincón.

“Eso sí, hay que recordar que el proyecto está en el programa de gobierno. No se quiere apurar un proceso que requiere construir una propuesta y generar consensos en torno a ella”, comentan cercanos a las tratativas.

De todas maneras, la Mesa del Sector Público ha mantenido intensas reuniones con la Dipres en los últimos meses, con materias ya cumplidas y algunas “que están en proceso”.

Uno de los principales avances se ha dado en la unificación de criterios en el derecho de tutela laboral en el sector público, con la consiguiente identificación de mecanismos que permitan ejercer este aspecto de la libertad sindical.

“Se están analizando las formas en que se pueden satisfacer las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos de ciudadanía laboral, respecto de los funcionarios públicos”, comentan.

Compromiso del Ejecutivo

El programa de gobierno establece que el Ejecutivo estudiará la institucionalización de modalidades eficaces de negociación colectiva en el sector público, para estudiar mecanismos que se hagan cargo de las particularidades de su régimen laboral.

En el protocolo de 2014, se establecía que en 2015 se avanzaría en “concretar acuerdos sobre la materia”. De hecho, el 25 de febrero del año pasado, la por entonces ministra Blanco anunció el envío del proyecto y que tendría énfasis en “institucionalizar la negociación colectiva” en el sector público y el derecho a sindicalización de estos funcionarios, incluido el personal a honorarios. Eso sí, Blanco no comprometió fechas.

El tema alcanzó su peak con las movilizaciones del Registro Civil durante octubre del año pasado, con un paro que fue catalogado de ilegal por parte del gobierno y que se extendió por más de un mes. Hoy, los trabajadores fiscales no tienen derecho a huelga ni a negociación colectiva.